LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA

LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA

 EL RETORNO DE LA DEMOCRACIA 

Acorralados por multitudinarias manifestaciones que reclamaban la apertura democrática y por los movimientos de derechos humanos, los militares decidieron la reapertura democrática y el llamado a elecciones para el 30 de octubre de 1983 En ellas se impuso el candidato de la Unión Civica Radical, el Dr. Raúl Alfonsín, quien, durante la campaña, había hecho hincapié en la cuestión de los derechos humanos y en el respeto de la Constitución Nacional.

La democracia debía resolver principalmente la situación de las víctimas del terror, debía buscar a quienes habían sido secuestrados y desaparecidos, debía juzgar y castigar a los culpables. Asimismo, tenía el deber de resolver la grave situación económica generada por la dictadura: un país desindustrializado, con una tasa de desocupación altísima y una deuda externa enorme. Esta se había quintuplicado por la fiesta especulativa ya analizada, pero además, porque la deuda contraída por las grandes empresas de capital privado fue estatizada por los dictadores, es decir transformada en una deuda de la que debía hacerse cargo el Estado nacional, o sea todo el pueblo argentino. 

Una de las primeras acciones del gobierno de Alfonsín fue la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas [CONADEP), conformada por científicos, periodistas e intelectuales, como René Favaloro, Gregorio Klimovsky, Adolfo Pérez Esquivel, y el obispo de Neuquén Jaime de Nevares, uno de los representantes de la Iglesia que se opuso con más firmeza a la dictadura. La comisión estaba presidida por el escritor Ernesto Sabato y tenía la misión de hacer una investigación acerca de los desaparecidos, los centros clandestinos de detención y el accionar de las fuerzas armadas y de seguridad, mediante la búsqueda de testimonios de familiares. El presidente Alfonsín dispuso que los militares involucrados fueran juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas durante el plazo de un año. Finalizado ese plazo, los casos pasarían a la justicia civil. Asimismo el presidente ordenó el procesamiento de los líderes del ERP y de Montoneros. 

 En 1985, cumplido sin resultados el plazo que tenía la justicia militar, y una vez finalizada la investigación llevada a cabo por la CONADEP, se iniciaron los juicios civiles a las Juntas Militares. El juzgamiento a las juntas militares por las instituciones democráticas fue el reclamo más profundo que la sociedad pedía a la justicia y al Poder Ejecutivo. Lamentablemente, la enormidad del aparato represivo, los años de impunidad y la ineficacia del Estado, hicieron y hacen muy difícil esta tarea tan reclamada por amplios sectores de la sociedad. 

La justicia civil comenzó por las caras más visibles, juzgando a quienes estuvieron a la cabeza del proceso dictatorial. Se dictó prisión perpetua contra Videla y Massera. Viola fue condenado a 17 años de prisión mientras que Galtieri fue absuelto de las acusaciones por violación a derechos humanos pero fue detenido por incompetencia en la Guerra de Malvinas, juzgado por la justicia militar. 

Desde sectores civiles que habían apoyado el golpe, se hicieron escuchar quejas. Se difamó a los familiares de las víctimas y se sostuvo que las fuerzas armadas habían actuado para defender a la población civil de quienes querían conquistar la Argentina con revoluciones sociales. Otro problema para la justicia fue el juzgamiento de quienes pertenecían a los rangos inferiores de las fuerzas y aducían que actuaron obedeciendo órdenes: de secuestrar, torturar, robar bebés. Para llevar a cabo el genocidio, se edificó una enorme estructura represiva: desde la cúspide jerárquica, pasando por la oficialidad, hasta los grupos de tareas, los miembros de la policía federal y las policías provinciales. 

Estos sectores de las fuerzas de seguridad comenzaron a protestar, apoyados por civiles, empresarios, periodistas, miembros de la Sociedad Rural. Para 1986, el malestar en el ejército amenazaba la estabilidad de la democracia. En orden de aliviar el descontento, el Congreso dictó la Ley de Punto Final que consistía en fijar el mes de febrero de 1987 como fecha límite para presentar demandas contra los responsables de la represión ilegal. Contra lo esperable, las causas contra los represores se multiplicaron a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, alterando aún más a las fuerzas armadas. En abril de 1987, un grupo de militares liderados por el coronel Aldo Rico, se acuarteló en Campo de Mayo pidiendo la finalización de los juicios. Era Semana Santa y los “carapintadas” (nombre dado a los militares rebeldes) se sublevaron contra la democracia. El presidente Alfonsín fue a negociar en persona con los amotinados. La salida del levantamiento se produjo a través de un acuerdo que derivó en la sanción de la Ley de Obediencia Debida. Por medio de esta ley, se suspendían los juicios contra quienes habían participado de la represión aduciendo que obedecían a sus superiores. Así, miles de torturadores quedaron en libertad, muchos de ellos ocupando cargos en las fuerzas de seguridad. La sociedad asistía a un período de retroceso en su búsqueda de verdad y justicia. A lo largo de 1988, se sucedieron levantamientos y acuartelamientos militares. La democracia parecía en peligro y, a la vez, claudicante frente al poder militar. 

La otra cara de la salida democrática fue la tarea de enfrentar la difícil situación económica heredada de la dictadura. Tras más de cinco años de políticas neoliberales, implementadas sobre todo por el ministro Martínez de Hoz, garante del enriquecimiento de los sectores de la élite empresarial, * terrateniente y financiera, las consecuencias eran gravísimas. La masiva desocupación, la caída de los salarios de los trabajadores, el vaciamiento de las reservas del Estado, la quiebra generalizada del sector productivo y la gravísima situación de endeudamiento público formaban parte de la pesada herencia dejada por la dictadura al gobierno radical. El Estado se había empobrecido manifiestamente, mientras había crecido la riqueza y el poder de grandes grupos económicos nacionales y extranjeros. Desde entonces, estos grupos no habrían de cejar en sus intentos de condicionar al gobierno de Alfonsín, así como a los distintos gobiernos que le sucedieron. 

Frente a esa pesada herencia, luego de diversos intentos fracasados de alentar la producción, el empleo y contener la inflación, el gobierno de Alfonsín quedó a merced de las tensiones y conflictos de intereses de distintos grupos de capitalistas. La decisión del gobierno de favorecer alos grandes grupos económicos nacionales y extranjeros con inserción local; su dificultad, desde 1988, para “honrar la deuda” (situación generosamente propagandizada por el ex func ona de la dictadura Domingo Cavallo, ante las autoridades estadounidenses tos organismos internacionales de crédito), alentaron a otro grupo, el de los acreedores externos, a poner en marcha un golpe de mercado. Se trataba de una nueva forma de golpe destinada a sembrar el caos, el desprestigio de las autoridades elegidas democráticamente y de allanar el camino para achicar el Estado y entregar las empresas estatales a los acreedores de la Argentina. 

La nueva forma de intervención destituyente no venía acompasada por el tradicional ruido de tanques y fusiles, tampoco por los ritmos marciales de las marchas militares. La nueva forma de golpear se desató con una “corrida cambiaria” alentada por bancos nacionales y extranjeros acreedores del Estado. Estos grupos hicieron subir notablemente el precio del dólar y, en catarata, se produjeron: un deterioro desenfrenado del valor del peso, aumentos constantes y desquiciados de los precios de los productos de primera necesidad, especulación financiera, desesperación y saqueos de comercios y supermercados. 

El país vivía en medio de la hiperinflación. El procego hiperinflacionario licuaba, segundo tras segundo, los ingresos de los asalariados, instalaba el terror del hambre entre todos los que vivían de un empleo, así como entre pequeños comerciantes y pequeños y medianos industriales. También licuaba a ritmo vertiginoso el escaso poder del primer gobierno de la vuelta a la democracia, generando las condiciones para una salida anticipada del presidente Raúl Alfonsín. Una vez más, un gobierno elegido democráticamente no podía concluir su mandato, en este caso acorralado por un golpe de mercado.